Para entender la problemática y los sucesos que han dado  pie  a la misma, debemos iniciar por sus antecedentes. 

La especie Crocodylus acutus  de nuestra Nación, ingresó  a la lista de especies amenazadas y en peligro de extinción debido a la caza masiva principalmente  por su piel de alto valor comercial  y  sus huevos; siendo estos  comercializados en el mercado  internacional, lo anterior sucedió en los años 50 's. Posteriormente las poblaciones del espécimen,  se redujeron mucho más a causa  de la destrucción de su hábitat natural (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2018); agravando significativamente su situación. Lo anterior se prolongó  por 37 años,  donde la comercialización llegó casi a dos millones de pieles en el mercado internacional  y  es desde el año 1965  cuando se vedó la caza comercial a través de la Resolución No. 125. Donde luego de  tres años el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural corrobora la veda en el territorio nacional e integra otros crocodílidos como lo son el  Crocodylus intermedius y Melanosuchus niger,  mediante  la Resolución  No. 411 de  1968 (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2018).

 

Nuevamente en el año 1969, se  reafirmaron  las prohibiciones  el día 24 de julio bajo la  Resolución No. 573 proveniente de la  ahora inexistente INDERENA (Instituto Nacional de los Recursos Naturales), la cual estableció de forma perentoria la veda de la caza  y captura en todo el territorio nacional;  a consecuencia de la drástica  disminución de las poblaciones del espécimen (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2018). Veinticinco años después se inició un nuevo censo  por  parte del Ministerio de Ambiente el cual arrojó un resultado alarmante; donde  se  cuantificarón 6 individuos para los manglares de la Bahía de Cispata Nuevamente en el año 1969, se  reafirmaron  las prohibiciones  el día 24 de julio bajo la  Resolución No. 573 proveniente del INDERENA, la cual estableció de forma perentoria la veda de la caza  y captura en todo el territorio nacional;  a consecuencia de la drástica  disminución de las poblaciones del espécimen (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2018).  Y en general para la Nación,   no se superaban  los  once individuos  por población y en  total  eran 70  sitios; por lo tanto no  había más de  250 especímenes maduros en su totalidad (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2018). Cabe aclarar que este conteo se realizó bajo  una metodología de fracción  visible, la cual consiste en  que el  conteo de las especies visibles sólo corresponde al  5 0 10% de la realidad. Por ejemplo, si la fracción  es de 10 individuos; aproximadamente existirían 200, pero esto solo sería para las especies maduras sin  tener en cuenta las crías; ya que  es imposible  contar el total de población; pues este debía hacerse  en  horas nocturnas (Paz.C., 2019).  

 

En el año 1998 aproximadamente los biólogos Giovanni Ulloa y Clara Lucía Sierra, encabezaron  un nuevo censo e iniciaron la gestión ambiental con  los objetivos  fundamentales de recuperar y conservar la especie, pero también  conocían  la realidad de las comunidades pobres del bajo Sinú que dependen del comercio de las pieles del cocodrilo para su subsistencia y por esto  incluyeron dentro  de sus objetivos el aprovechamiento sostenible de los especímenes, dado que un futuro estos serían  comercializados por los habitantes para el sustento de la comunidad. El biólogo Geovanni Ulloa declaró en una entrevista que  llevan 15 años construyendo la data de la información científica y haciendo  investigación aplicada; donde al realizar la acción de cría del Crocodylus acutus  reunían información  relevante y de alta precisión científica y  al liberarlos activaban  la investigación aplicada.  Esto hizo con el apoyo de las comunidades que comprendieron  la necesidad  de recuperar la especie; ya que ellos  aprovechaban al caimán  para comerciar las pieles y  consumir  sus  huevos y carne,  la  Corporación  Autónoma Regional de los Valles del Sinú  y del San Jorge (CVS) y algunos entes privados.

 

La gestión ambiental se  dirige por los biólogos anteriormente mencionados, donde la Corporación Autónomo Regional de los Valles del sinú y del San  Jorge (CVS) apoyo con algunos incentivos económicos para la base de la investigación y  para la comunidad, sin embargo los incentivos dados por la CVS cesaron; debido a el déficit  financiero de esta, la dejó sin  aportes monetarios para  continuar con el programa de Sistema Comunitario de Gestión Ambiental Sostenible (SEGAS). Aun así  llegaron incentivos de actores privados (Paz.C., 2019). 

 

El SEGAS es de carácter voluntario, donde su objetivo principal es ayudar a las comunidades que lo han adoptado a contribuir al desarrollo de una Economía Circular; basada en el  cuidado, conservación y preservación de los recursos naturales brindados por el medio ambiente. Dando cuenta periódicamente de cómo  está  evolucionando  el proceso a través de declaraciones medioambientales, verificadas por organismos ambientales entre otros (MITECO, 2022).  En  consecuencia  la comunidad y los biólogos,  han creado una estructura organizada que planifica sus actividades y responsabilidades frente a las prácticas y los procesos de recuperación de la población enfocado a la autorregulación y equilibrio y mantener a través del tiempo el compromiso adquirido. Este proceso  inició con la capacitación de la comunidad  brindada por  los biólogos Geovanni Ulloa y  Clara Lucía Sierra, en cuanto a la reproducción y la cría, pero este proceso fue de aprendizaje  bidireccional;  ya que la comunidad intercambio saberes con los profesionales acerca de  cómo ubicar a la especie y donde vivían, todo a través de metodologías estandarizadas y la experiencia del modelo comunitario  (Paz.C., 2019).

 

La estructura establecida por el SEGAS de la recuperación de la especie y  su conservación y aprovechamiento sostenible se planteó de la siguiente manera (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2018):

 

A. Estandarización metodológica, cobijada por  seis aspectos científicos:

1. Censos y monitoreos de la población silvestre 

2. Manejo del hábitat 

3. Recolección de nidos

4. Incubación controlada

5. Manejo ex situ de neonatos y juveniles

6. Programa de liberación

B. Desarrollo de cinco estrategias para lograr la conservación de la población:

1. Declaratoria de áreas protegidas

2. Programa de educación y divulgación

3. Apoyo al desarrollo comunitario

4. Presentación y aprobación de Enmienda ante la CITES

5. Levantamiento parcial de veda población de Crocodylus acutus  en  la Bahía Cispatá

6. Plan de manejo específico para la población de Crocodylus acutus

 

Para que se diera el éxito obtenido  hoy día frente a la recuperación y equilibrio de la especie del Crocodylus acutus  cada año se incubaban todos los  huevos  y posteriormente se les criaba hasta el percentil longitudinal adecuado para su liberación, donde  en 15 años se han liberado  más de 12.000  especímenes aproximadamente, ubicados  principalmente  en los manglares de la bahía de Cispatá (Paz.C., 2019).  Gracias a esta continua gestión  los biólogos determinaron en el año 2018 que  llegaron a un momento muy importante denominado “capacidad de campo” en la cual ya no es necesario  liberar más individuos porque la población  no  aumentará más. Y por tanto la  población  se autorregula a través de la eliminación  entre ellos mismos hasta recobrar el equilibrio (Paz.C., 2019).

 

Lo anterior  se avaló  gracias a la CITES, dado que se dieron 183 COP  en  distintos países presentado el proyecto  sustentando científicamente y  por consiguiente la 2016   en la COP de Johannesburgo se logró que la  CITES bajo Enmienda  reportará  la novedad de que la especie del Crocodylus acutus pasaría de estar en el Apéndice I al Apéndice II. Demostrando el éxito  contundente de la gestión ambiental realizada en su mayoría por las comunidades y los biólogos que cabe recalcar y reconocer,  trabajaron  gran tiempo ad honorem.

 

Sin embargo, la noticia dentro de  nuestro país no se  promulgó a través del conducto regular, lo que invitó a la desinformación y mala interpretación.  Dado que el  Ministerio  de Ambiente y  Desarrollo Sostenible (MADS) no dio la noticia  de primera mano, siendo  la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, la que envió una carta  a la entonces directora general Brigitte Baptiste del  Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt Colombia-IAVH el día 6 de diciembre de 2018 donde comunicaba y enviaba copia de la Resolución No. 2298 en la cual se levantaba la veda establecida en la Resolución no. 573 de 1969 del ya desaparecido INDERENA (Velandia & Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, 2019).

 

El MADS al no haber publicado la noticia como se debía ejecutar,  dejar que organizaciones  promulgaran está sin la precisión y el debido análisis detrás del éxito obtenido en el proceso gracias a  la comunidad y los  dos biólogos expertos y especialistas mundiales en cocodrilos, que fueron los hacedores de esta realidad y primordialmente la comunidad pobre del Bajo Sinú que hizo gran parte de la investigación, sin ayuda de ninguna institución científica. Adicionalmente, a esta desafortunada situación se suma que se mal interpreto la resolución, pues la veda se levantó solo para es para determinados casos los cuales son los siguientes (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2018):

 

1. En el artículo  uno se especifica  que solo el Distrito  de Manejo integrado de los Manglares de la Bahía de Cispatá, Tinajones, La Balsa y sectores aledaños en el departamento de Córdoba; serán aquellos que disfruten del levantamiento de la veda parcialmente (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2018).

2. En el artículo dos se determina el alcance  que tiene el levantamiento parcial de la veda, el tiempo de cosecha del ranche, rancheo y traslado de  huevos especificando que:  solo será rancheo exclusivo y  con restricción  para la toma de los huevos de la especie Crocodylus acutus  y únicamente podrán realizarlas las comunidades locales que estén capacitadas y cuenten con los requerimientos establecidos en el Plan Integral de Manejo DMI de Córdoba. Por consiguiente en  ninguna circunstancia  se autorizará a particulares u  otra entidad ejercer esta actividad (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2018).

 

Como podemos  evidenciar la caza no está autorizada y el proyecto sigue en ejecución, el malestar es infundado  por la desinformación y las pésimas interpretaciones de personas exteriores al proceso; pues la especie está en proceso de equilibrio  y ya que faltan pocas liberaciones para llegar a este punto y no seguir con el proceso de liberación, ya que la especie se autorregula. Quedando  solo así  como pasos el monitoreo, el aprovechamiento sostenible, capacitaciones continuas y continuar con la misma cultura y determinación frente a la economía circular o economía verde con  el sistema de gestión ambiental.

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