Hola, vamos  a analizar el papel que desempeña la normativa nacional y la participación de los grupos étnico-raciales.

Como  ya sabemos  el “Caimán aguja”, se  encuentra en un proceso de recuperación, desde hace 25 años aproximadamente y en  este arduo trabajo por su conservación, protección, preservación y aprovechamiento; ha participado  el Estado en diferentes momentos debido a las facultades constitucionales y legislativas que se le otorgan a los entes responsables, ejerciendo acciones en pro de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos.

 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), ejerce el papel  de hacer cumplir y respetar los artículos 8, 79, 80  y el numeral 8 del artículo 95 de la Constitución Política en la cual se señala  que:

 

“Es deber del Estado proteger la  diversidad e integridad del  ambiente, conservando  las áreas de especial importancia ecológica,  fomentando la educación para el  logro de estos fines,  planificando  el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales  para garantizar su desarrollo sostenible,  su conservación, restauración o sustitución. Donde la obligación no solo  es exclusiva del Estado, sino también de particulares que  ejerzan  acciones de protección  de los recursos naturales y velen por la conservación de  un ambiente sano (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2018)”.

 

Como  podemos ver  el Estado  debe  tomar las medidas necesarias para  conservar  o evitar  la desaparición  de especies o individuos de la flora y fauna, que por razones de orden  biológico, genético, estético, socioeconómico o cultural deben perdurar  a través del tiempo .  Lo anterior amparado en la Ley 2811 de 1974 denominada Código  Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente  (CNRNR);  en el artículo 258. 

 

El  MADS  apoyado en la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios  Ecosistémicos,  inició un proceso  en  la recolección de información acerca del estado de la especie  Crocodylus  acutus, donde se evidenció el estado crítico de estos individuos y  gracias a estos resultados  se declaró  la veda desde 1969, aplicando estas acciones legales  amparados en las leyes  anteriormente  citadas;  donde cabe reconocer  que  antes de este año  el Estado  no contaba con  regulaciones, por lo que  fueron  siglos de cacería masiva, para la producción del mercado de marroquinería,  causando  el estado de casi extinción de los caimanes. Donde vemos que  la  creación de los entes  estatales ambientales como la Corporación Autónoma Regional  de los Valles del Sinú y San Jorge (CVS) apoyo por diez años las investigaciones y  proporciono  incentivos  económicos  para los  habitantes de la comunidad, estimulando la Educación Ambiental y  las acciones de restauración  de la especie.  Gracias a la gestión ambiental  realizada en 2006 se declaró  como Cispatá, La Balsa y Tinajones  un área protegida, donde se conserva el hábitat de ecosistemas estratégicos  de bosque seco, manglares y humedales de agua dulce; esta zona está formada por ciénagas, estuarinas y marinas; en la que reside el caimán aguja. Por lo tanto, las 27.809 hectáreas  que conforman  las zonas protegidas se promulgaron como Distrito de Manejo Integrado (DMI) Cispatá, La Balsa y  Tinajones (Fundación Omacha, 2013).

 

La responsabilidad de los entes territoriales ambientales se encuentra en ejercer la planeación  del DMI bajo  modelos de aprovechamiento racional  de los recursos naturales, con criterios de desarrollo sostenible donde el papel de administrador,  planeador, gestor y ejecutor de parte del Estado  y sus entidades ambientales debe estar en pro de regular el uso de los recursos y las actividades económicas  que se desarrollen en el territorio (Fundación Omacha, 2013). Por lo mismo, se  levantó la veda parcialmente, y se  generó una resolución; donde solo se puede tomar lo huevos   o hacer “ranche” en  meses específicos del año  y  los únicos que pueden realizar esta acción son los habitantes capacitados de la comunidad; donde  el MADS lo dejó  establecido  el  6 de diciembre de 2018.  Siendo la  normativa esencial para hacer respetar y llevar a cabo acciones  a favor de  la naturaleza y el hombre, conservando el equilibrio para que el aprovechamiento de los recursos naturales y ningún actor  o seres implicados pase por encima de los  intereses comunes ya sean ecosistémicos, económicos, sociales y culturales; aportando los criterios requeridos para la adopción  de  las medidas necesarias  que aseguren  las protección  de especies flora y fauna estén o no amenazadas.

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De manera que  gracias a la normatividad actual y pasada, se han dado  hechos de protección y cuidado ambiental en pro de la comunidad y los ecosistemas para el futuro de ambos, sin embargo;  no solo debemos reconocer la legislación del Estado que ha  llevado a la ejecución de dichas acciones, sino que también  hemos de recordar las acciones de las comunidades que  intervienen en esta y hacen  posibles los cambios o transformaciones.

 

Dentro  de las comunidades  encontramos las étnias, esenciales para el progreso  y planeación de los territorios. El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) define una etnia como: “un grupo   humano que comparte  y reconoce  como propias ciertas características culturales específicas que determinará su identidad (ethos) frente a otros colectivos (DANE, 2005,p.46)”.  Por lo que  cada colectivo,  ha desarrollo su cultura con base en su entorno  natural y construido; donde estos son claves  en los procesos de planificación y en el desarrollo integral  de cada territorio, que  implica entender sus visiones, autoridades, formas e instancias  de participación e inclusive  los  recursos  con los cuales cuentan estas comunidades.  Por tanto son  las comunidades, las conocedoras de sus realidades pasadas y futuras, ancestros de sus territorios, línea base de un proceso de transformación en los territorios (Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible, 2016, pp. 18-19).  En consecuencia;  cada accionar en la toma de decisiones de un territorio, es  interdependiente y correlacionado con la información estratégica que  contiene y provee  cada pueblo y sus habitantes,  ayudando a retroalimentar la gestión pública  territorial; aprovechando  las  opciones que promulgan  los grupos étnicos debido a sus conocimientos, brindando fortalezas para dar soluciones basadas en el contexto real  y  presente; donde las planeaciones públicas gubernamentales estén cohesionadas con  el sentir  de sus ciudadanos y convergan  en el cumplimiento de objetivos y metas que conlleven a un objetivo común entre la Nación y sus habitantes, para garantizar los derechos individuales, colectivos de cada comunidad; en el cual se fortalezcan la democracia activo-participativa y pluralista,  transformando las dimensiones poblacionales, económicas, socio-culturales,  político administrativas y ambientales; ya que todo lo anterior hacer parte de la pertinencia territorial  reconocido bajo los grupos étnicos como actores claves en los procesos de planeación, ejecución y por tanto el desarrollo integral de los territorios (Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible, 2016, pp. 18-19).

 

Tal cual  lo afirma la Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible (DDTS) en su publicación, denominado  Grupos étnicos en la gestión  de las entidades territoriales  de 2016:

 

“Los grupos étnicos tienen el derecho   y el deber de dar su visión, en el Plan de  Desarrollo; instrumento  político, técnico, prospectivo, democrático y participativo donde la Administración territorial concreta las decisiones, acciones medios y recursos que se ejecutarán  durante el período de gobierno y orientar el proceso de cambio progresivo de las condiciones y situación presente de un territorio hacia una situación viable, posible y deseada según lo  concertado en un visión compartida de desarrollo (p.19)”.

 

En pocas palabras  cada ciudadano es garante de las condiciones de sus territorios,  y  debe  ser veedor de la acciones estatales frente a este; donde se haga respetar los derechos de  las dimensiones que lo contienen y lo transforman, con sus realidades y haciendo uso  de los  instrumentos que le provee la legislación para el desarrollo integral sostenible,  multivisionario en concordancia con el punto 8 de los  Objetivos de Desarrollo Sostenible en el cual se contempla lo siguiente:

 

“..un mundo  en el que sea universal  el respeto por los derechos  humanos y la dignidad humana, el estado social de derecho, la justicia,  la igualdad y la no discriminación; donde se respeten las razas, el origen étnico y la diversidad cultural, para contribuir  a una prosperidad compartida, con igualdad de generos. Promoviendo el empoderamiento eliminando obstáculos, jurídicos y sociales con  una  visión sistemática de su entorno natural  y construido.. (Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible, 2016, p. 21)”

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Para finalizar el objetivo  primordial  de todas las normativas frente a la gestión  ambiental, territorial, económica y sociocultural; es el desarrollo sostenible y sustentable de la cual se beneficien todos y cada una de los seres que hacen parte de cada territorio, respetando sus creencias, tradiciones y perspectivas. Por consiguiente el desarrollo sustentable debe hacer inclusión en los procesos que promuevan la preservación, conservación y protección de los recursos naturales de cada ecosistema  en beneficio de las generaciones actuales y  futuras; sin embargo  este solo  no es suficiente y debe unirse a la sostenibilidad en los procesos que satisfagan  las necesidades sociales y económicas de la sociedad, atendido por  aspectos  culturales y medioambientales que  no pongan en riesgo el futuro  de los ecosistemas y los seres que lo habitan; teniendo como  base una conciencia ecológica con responsabilidad social, buscando un equilibrio  con el medio ambiente y  nuestro entorno natural y sus servicios ecosistémicos;  donde todos los procesos de desarrollo económicos, políticos, sociales y culturales, no disminuya los recursos existentes y pueda ser cíclico, continuo y perdurable. Todo esto bajo acciones, iniciativas  y  modelos de desarrollo sostenible y sustentable, apoyada por el Estado  y sus ciudadanos.